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 Un tribunal de El Salvador reabrió, el proceso penal contra un capitán del Ejército salvadoreño por el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero en 1980.
Un tribunal de El Salvador reabrió, el proceso penal contra un capitán del Ejército salvadoreño por el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero en 1980.
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San Salvador.- Un tribunal de El Salvador reabrió el proceso penal contra un capitán del Ejército salvadoreño por el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero en 1980, informó una fuente oficial.

Los Tribunales del país centroamericano explicaron que el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador anuló este miércoles el sobreseimiento decretado el 31 de marzo de 1993 del proceso contra el capitán Álvaro Rafael Saravia, único acusado del magnicidio.

El citado tribunal basó su resolución en una sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló una ley de amnistía general en julio de 2016 y que impedía las investigaciones de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

La fuente explicó que el juez, Rigoberto Chicas, consideró en su resolución que “es de carácter obligatorio” acatar la sentencia del Constitucional para “así garantizar los derechos fundamentales de las víctimas”.

El juez también mandó a la Fiscalía General de la República (FGR) a definir si el proceso “debe seguirse contra la persona ya imputada con carácter de procesado o contra otros a quienes no se les han formalizado cargos o no están debidamente individualizados”.

El Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 atribuye la autoría intelectual del magnicidio de Romero, entonces máximo jerarca de la Iglesia católica salvadoreña, al difunto mayor del Ejército y fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), ahora en la oposición, Roberto D’Aubuisson.

Dicho informe también señala que en la planificación y ejecución del asesinato participaron, además de Álvaro Saravia, el capitán Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.

Por este caso, la Justicia salvadoreña solo emitió orden de captura contra Álvaro Saravia en 1987, pero este huyó hacia Estados Unidos, y en diciembre de 1988 la CSJ del país centroamericano admitió un hábeas corpus en el que desestimó la potestad de la Fiscalía para pedir su extradición.

El 31 de marzo de 1993 un tribunal invocó la amnistía para sobreseer el proceso contra Saravia, cuyo paradero es desconocido y quien fue condenado por una corte federal estadounidense a pagar 10 millones de dólares a la familia de Romero en 2004.

Esta resolución es en respuesta a una solicitud presentada el pasado 23 de marzo, en la víspera del 37 aniversario luctuoso del religioso, por la organización de derechos humanos Tutela Legal “María Julia Hernández” y otras que forman la Concertación Monseñor Romero de reabrir el proceso.

El coordinador de Tutela Legal, Ovidio Mauricio, señaló en esa ocasión que acudieron directamente al tribunal por la negativa de la Fiscalía de retomar el caso, pese a que presentaron sendas peticiones en 2015 y 2016.

Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador desconocido cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.

Romero, beatificado el 23 de mayo de 2015 en una multitudinaria misa en San Salvador, denunciaba en sus homilías los ataques de los cuerpos de seguridad contra la población civil y otras violaciones a los derechos humanos.