La ley AB 813 de reformas políticas al sistema legal penal firmada en septiembre de 2016, por el gobernador Jerry Brown, no pudo llegar en mejor momento que antes de la elección del presidente Donald Trump y sus políticas restrictivas contra inmigrantes, y, en teoría, alguien podría intentar usarla para pedir una petición para regresar al país.
Ese es el sentir de expertos del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en su análisis de la ley patrocinadas por la asambleísta estatal Lorena.
La ley AB 813 permite a las cortes criminales revisar la validez de una condena después de que la custodia ha terminado, lo que potencialmente puede salvar a indocumentados de California de ser deportados si la condena por un crimen menor fue hecha porque un abogado no le aconsejó sobre las consecuencias de aceptar un acuerdo de culpabilidad, aunque no garantiza que se revierta automáticamente la condena, pero sí la oportunidad de presentar el caso frente al juez.
Aunque no existen récords del número de personas beneficiadas por estas leyes, Rose Cahn, abogada del ILRC dijo a Excélsior que la ley “no pudo haber sido promulgada en un mejor tiempo”.
La especialista en alivios penales después de la condena y quien ayudó a redactar el proyecto de ley expresó que “en algunas jurisdicciones [de California] hay procuradores de distrito y jueces dispuestos a efectuar una revisión honesta de casos criminales donde no se han asegurado los derechos fundamentales de las personas”.
A diferencia de otros 44 estados, la ley de California [AB 813] es más generosa, excepcional e importante porque protege la aplicación de la ley sobre la población más vulnerable, en este caso los inmigrantes.
VETERANO DEL EJÉRCITO DEPORTADO A MÉXICO
Uno de los probables beneficiados de la ley conocida como “Procedimiento Penal: Alivio Post-Convicción” es Daniel Oyarzabal, del condado de San Diego, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía dos años de edad.
Daniel se graduó de la preparatoria en San Diego y se enlistó en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sirvió a este país en la Guerra “Escudo del Desierto” (Agosto 1990-Febrero 1991).
Cuando retornó del servicio, se le diagnosticó trastorno de estrés postraumático. Fue condenado por asalto en 1996 después de una pelea en un bar.
Como veterano del ejército, Oyarzabal era elegible para un proceso acelerado de naturalización. Sin embargo, sin saberlo en el momento en que entabló su alegato, su condena le prohibió la naturalización y en su lugar se lo sometió a la deportación obligatoria a México, y fue separado de su esposa e hijos.
Oyarzabal, quien nació en México es un voluntario en el Proyecto de Veteranos Deportados en Tijuana, pero desesperadamente desea la oportunidad de regresar a los Estados Unidos.
La ley AB 813 le permitiría presentar una demanda para que su condena sea desechada y pueda regresar con su familia.
Se espera que esta ley sea utilizada por agentes de inmigración y aduanas (ICE), en momentos que han aumentado los arrestos y deportaciones bajo la administración Trump.
UNA LEY NECESARIA: ACLU
Desde el primer día de su mandato hasta la última semana de abril, ICE repatrió a 54,564 individuos, incluyendo 30,667 que fueron acusados de haber cometido algún delito, y entre ellos, 23,697 que no eran criminales.
De hecho, bajo las órdenes del magnate convertido en presidente han sido detenidas más de 40,000 personas sospechosas de residir ilegalmente en Estados Unidos, y cualquier delito menor o mayor puede ser motivo de deportación, como robar en una tienda, haber sido detenido por una violación de tránsito o haber manejado bajo la influencia del alcohol o drogas (DUI).
“Se necesitaban leyes como la AB 813, porque abren la puerta a cualquier inmigrante en California para defenderse, aunque apenas sea un rayito de luz en el sistema de justicia penal e inmigración que son tratados con bastante injusticia”, declaró a Excélsior, Daisy Vieira, estratega principal de comunicaciones de la ACLU en San Francisco.
Dijo que, aunque la AB 813 no garantiza que se puedan revertir condenas ni se pueda limpiar un récord criminal, el hecho de que un juez reconsidere revisar determinado caso ya es una ganancia, debido a convicciones injustas, a la falta de un abogado eficaz que no haya advertido a su cliente de las potenciales consecuencias legales y penales de declararse culpable de algún delito.
“La ley aplica para todos, pero especialmente a quienes enfrentan la deportación y lo peor lo vemos ahora bajo la administración Trump”, añadió. “El tema de la ley es ahora más importante que nunca”.
ESCÁNDALO Y CORRUPCIÓN EN OC
En efecto, Carlos Perea, director de políticas de la organización OC Resilience, expresó que la ley AB 813 es de “especial interés” en el condado de Orange, “donde se sabe del escándalo de corrupción que pasa con el [Departamento del] Sheriff y la oficina del Procurador de Distrito [Tony Rauckauckas] respecto a los informantes plantados en las cárceles”.
“Lo que esta ley hace es que comienza a ver el problema de inmigración desde dos maneras: que el sistema de inmigración y el sistema de justicia criminal van mano a mano cuando se refiere a casos de deportaciones”.
Perea indicó que en el condado de Orange “vemos la criminalización de indocumentados a través de cómo los fiscales han tratado de aplicar cargos en contra de nuestra comunidad, cuando un abogado no le dijo a su cliente las consecuencias o formas en que terminaría su caso o cómo lo impactaría ante inmigración, cuando alguien se declarara culpable en casos de DUI, marihuana, drogas u otro tipo de acusaciones”.
“Esta es una buena ley, porque mientras Trump dice que van detrás de los peores criminales, ahora los casos de personas que se declararon culpables, su información está en el sistema de ICE, pero con la AB 813 tienen oportunidad de pelear sus casos y merecer la opción de un debido proceso en las cortes”.
La abogada Rose Cahn, quien ha trabajado con clientes cuyos procedimientos de deportación a veces no comenzaron hasta décadas después de que cometieron un delito, concluyó al decir que “hay una impresión errónea de que los procedimientos de deportación son automáticos tan pronto como alguien entra en una condena penal”.
La ley AB 813 pretende corregir esos procedimientos erróneos.
