SEATTLE – Una corte federal de apelaciones rechazó el martes una demanda colectiva a nombre de niños inmigrantes que pasan por el proceso de deportación sin abogados, pese a que admitió que hacer que los menores se representen a sí mismos en asuntos tan complejos es “una situación extremadamente complicada”.
La demanda fue interpuesta hace dos años en Seattle por activistas en pro de los derechos migratorios, luego de que una oleada de menores sin compañía adulta cruzó la frontera hacia Estados Unidos. En la querella se buscaba obligar al gobierno a designar abogados para los niños; los jueces migratorios actualmente no cuentan con dicha autoridad.
El juez federal de distrito, Thomas Zilly, decretó que los niños pueden seguir con sus alegatos de que al negárseles un abogado se viola su derecho al debido proceso, pero tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito revirtieron el fallo. El tribunal de apelaciones indicó que la ley federal de inmigración impide que dichas acusaciones procedan ante una Corte Federal de Distrito.
En su lugar, los jueces señalaron que dichas solicitudes deben ser hechas de manera individual y presentarse directamente en las cortes federales de apelaciones antes de que se agoten los procedimientos de deportación.
“No puedo dejar pasar la ocasión sin resaltar la difícil situación en la que se encuentran los niños sin representación que pasan por procedimientos migratorios”, escribió la jueza Margaret McKeown en su concurrencia al acuerdo. “Escribo para subrayar que el ejecutivo y el Congreso tienen el poder de atender esta crisis sin intervención judicial. ¿Qué hace falta? Dinero y voluntad, soluciones políticas que están fuera del alcance de los tribunales.
Activistas en pro de los niños, incluyendo el Northwest Immigrant Rights Project y las secciones de California y el estado de Washington de la Unión Americana de Libertades Civiles, señalaron que buscarán una nueva audiencia con más jueces. Afirman que es irracional esperar que los niños a los que se les ordena ser deportados presenten una apelación, presenten documentos con argumentos, obtengan una orden de apelación y luego presenten sus alegatos ante una corte de apelaciones, que sería el momento en el que pueden tocar el tema de que se violan sus derechos al no contar con un abogado.
“Los niños sin representación no son capaces de pasar ese proceso. No tienen la capacidad”, dijo Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project. “Por un lado, los jueces reconocen la gravedad de la situación. Pero la corte tiene la responsabilidad de resolver un tema en el que no existe otro foro de importancia. No se puede eludir el asunto al decir: ‘Bien, el Congreso puede solucionar esto, el presidente puede arreglarlo”’.
Durante el año fiscal 2014, más de 60.000 menores sin compañía adulta cruzaron la frontera hacia Estados Unidos, muchos de ellos huyendo de la violencia en Centroamérica. Las cifras tuvieron un declive en 2015 pero volvieron a incrementarse este año. El ex secretario de Justicia Eric Holder dijo que el país tiene la obligación moral de proveer abogados para los niños durante sus procedimientos migratorios, incluso si no tienen un derecho constitucional a ello, y el gobierno federal ha tomado medidas para mejorar la representación, tales como invertir 1,8 millones en gastos de 100 asesores legales que se enfocan en ese tipo de casos en todo el país.
Sin embargo, McKeown escribió que tales medidas son tan solo un aporte mínimo: decenas de miles de menores siguen sin representación legal.
McKeown insinuó que eventualmente, los casos que se presenten debidamente llegarán a la corte de apelaciones, punto en el cual los jueces podrán considerar los méritos de las acusaciones de los menores. Pero en su concurrencia, que también fue firmada por el juez Milan Smith Jr., pidió al Congreso y al presidente no esperar tanto.
“Hay mucho en juego”, apuntó.
