MEXICO.- Se llama Erika Xiomara Torres, salió desde el pueblo de Olancho, Honduras, en 2012 y no se ha vuelto a saber de ella. Su familia ha recibido información de que la han visto en San Luis Potosí, pero no saben nada más.
También está el caso de Pedro Mauricio Madellín, un centroamericano que es ciudadano estadounidense que desapareció en las carreteras de Tamaulipas. No hay rastro.
Este y otros dramas se cuentan en diferentes cuentas de las redes sociales, principalmente en Facebook, en donde familiares buscan desesperadamente a las personas que han desaparecido en su camino a Estados Unidos.
Hace unas semanas, un informe dado a conocer por el escritor Sergio Aguayo reveló la violencia con la que han actuado cárteles del narcotráfico en la zona de Tamaulipas, típicamente usada por grupos de migrantes centroamericanos para llegar a México.
Como prueba de ello, reveló la complicidad de narcos con autoridades locales para masacrar a cientos de migrantes en lo que se conoce como la tragedia de San Fernando, en la que fueron ejecutados guatemaltecos, hondureños y salvadoreños sin misericordia.
Este hecho que llamó la atención a nivel mundial, por la brutalidad del caso, desató una polémica sobre el papel de las autoridades en los hechos, ya sea como coparticipadora o como protectora de los delincuentes.
Recientemente, un grupo de organizaciones pro derechos humanos alertó a los grupos de migrantes que se trasladan por Tamaulipas para llegar a Estados Unidos que eviten ese paso, debido a la alta actividad delictiva en la zona. Algunos analistas ya han advertido que algunos centroamericanos se trasladan por el estado de Nuevo León, para evadir al cártel reinante en la zona, Los Zetas.
Según estimaciones del padre Alejandro Solalinde la cifra dada a conocer de 10 mil migrantes centroamericanos desaparecidos, es muy conservadora y advirtió que el Movimiento de migrantes centroamericanos estima en más de 70 mil las personas desaparecidas.
¿Complicidad del gobierno?
Para el coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, en esta tragedia social existe una enorme complicidad de diferentes instancias gubernamentales, marcada por la impunidad en la que quedan estos delitos.
Puntualizó que el número de mexicanos en su camino a Estados Unidos y que nunca llegan también es elevado.
Ejemplo de lo dicho, explicó, fue la desaparición de 31 jóvenes que en marzo de 2010 salieron en un camión desde las comunidades de Sierra Gorda, en Querétaro, de los cuales se desconoce su paradero.
Para Solalinde, el cártel de los Zetas es la principal organización del crimen en dedicarse a la extorsión y desaparición de los migrantes, agregó.
El tránsito por México de personas indocumentadas –provenientes de Centroamérica con destino a Estados Unidos– es considerado por el gobierno federal como la quinta de 10 amenazas a la seguridad nacional, y no como una crisis humanitaria, descubre la Agenda Nacional de Riesgos 2015.
Dos temas preocupan sobre manera a los órganos de inteligencia civiles y militares: los flujos migratorios descontrolados y la porosidad en la frontera Sur. Respecto de esta última, alertan que “las estructuras de seguridad son institucionalmente frágiles y presentan poca o nula capacitación, así como altos niveles de corrupción que han permitido la infiltración de la delincuencia organizada”.
Frontera sur
Para enfrentar la fragilidad institucional, en 2014 el gobierno federal instauró su Programa Frontera Sur, que criminaliza a los migrantes sin documentos por medio de operativos y redadas en extremo violentos.
Como consecuencia de ese programa, y de las agresiones que ejercen diversos grupos del crimen organizado (secuestros, desapariciones, ejecuciones, extorsión, violaciones sexuales, trata sexual y laboral), los migrantes indocumentados han modificado sus rutas.
Ello ha derivado en la segunda “amenaza” a la seguridad nacional: los flujos migratorios descontrolados, es decir aquellos que las autoridades federales no pueden contener, por desconocer sus recorridos o porque éstos son de difícil acceso.
Recientemente, el gobierno mexicano anunció la cancelación de la operación del tren conocido como La Bestia. Argumentó una cuestión de seguridad nacional para despojar a la empresa de la concesión. El problema es que con el cierre, los migrantes centroamericanos tratarán de buscar otras alternativas de desplazamiento, lo que los expondrá a mayores peligros en México.
EL DATO
RUTAS PREFERIDAS
Informaciones recabadas por defensores de derechos humanos y organismos de la sociedad civil, indican que –una vez que arriban al centro del país– los migrantes recurren a 13 rutas alternas a las ocho que son consideradas como “tradicionales”.
Los 13 nuevos corredores identificados hasta ahora son: Topolabampo-Chihuahua-Ojinaga; Topolabampo-Chihuahua-Ciudad Juárez; Manzanillo-Gómez Palacios-Monterrey; Lázaro Cárdenas-Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo; Mazatlán-Durango-Torreón-Monclova-Sabinas-Allende-Ciudad Acuña; Mazatlán-Durango-Torreón-Monclova-Sabinas-Piedras Negras; Tapachula-Salina Cruz-Puerto Escondido-Acapulco-Lázaro Cárdenas-Manzanillo; Tapachula-Salina Cruz-Puerto Escondido-Acapulco-Ciudad de México; Mérida-Coatzacoalcos-Veracruz-Estado de México; Mérida-Coatzacoalcos-
