El primer proyecto de reformas al sistema de justicia penal en California fue promulgado en ley por el gobernador Jerry Brown, quien firmó la iniciativa SB 355 de los senadores estatales Holly Mitchell y Ricardo Lara.
La ley aprobada, que entra en vigor, a partir del 1 de enero de 2018, terminaría con la exigencia de que los acusados inocentes reembolsaran a los tribunales el costo de los abogados designados. Los cargos sólo se aplicarán a quienes sean condenados de un delito.
“Según el derecho penal actual, una persona de bajos ingresos, sin hogar o empobrecida que es acusada de un crimen que no cometió era condenada a pagar los costos de un abogado nombrado por el tribunal”, dijo la senadora estatal Holly J. Mitchell (D-Los Ángeles). “Estamos muy contentos de que el gobernador apoye nuestras reformas #EquityAndJustice.
Tanto la senadora Mitchell como su homólogo, Ricardo Lara, tienen la esperanza de que su paquete de reformas libre los obstáculos legislativos y lleguen a la oficina del gobernador, en su afán por mejorar la seguridad pública, ahorrar dinero a los contribuyentes y poner mayor énfasis en la prevención, rehabilitación y mantenimiento de la cohesión familiar.
“Juntos podemos traer compasión, razón y mayor conciencia social sobre los verdaderos costos de un sistema de justicia penal que durante demasiado tiempo ha seguido políticas que crearon y perpetuaron un conducto hacia la cárcel, desde la cuna a la tumba”.
Más castigos a afroamericanos y latinos
En un reporte de Sonia Tafoya para el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC) se asegura que, en 2012, el 30% de las detenciones denunciadas fueron por delitos graves; el 56% fueron por delitos menores y el 13% por delitos de estatus (ausentismo escolar, violaciones del toque de queda u otros cargos aplicables sólo a menores de edad).
De los 36,289 arrestos por delitos menores reportados ese año, el 23% (8,346) fueron individuos afroamericanos, 20% blancos (7,257) y el 52% latinos (18,870).
Y, entre los 67, 817 arrestos por delitos menores que fueron cometidos, el 15% eran jóvenes afroamericanos (10,172), el 24% blancos (16,276) y el 54% de latinos (36,621).
“Queremos enviar un mensaje a la sociedad que históricamente ha criminalizado a los jóvenes”, dijo Mitchell a Excélsior. “Hay muchos jóvenes en las cárceles juveniles por delitos no violentos de traspasar una propiedad que ha sido castigada con vandalismo, y cuando vemos a estos niños salir de noche, inmediatamente se piensa que son pandilleros y que van a cometer crímenes atroces; lo que yo pido es que los veamos como niños y los adultos tomemos la responsabilidad que nos corresponde sobre ellos”.
Los Proyectos de Ley Pendientes
El resto de los proyectos de ley de Mitchell y Lara que están pendientes en el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea y que se incluyen en el paquete #EquityAndJustice son:
SB 180 – Mejoras en las sentencias por drogas. Esta medida es un paso modesto de reforma hacia la promulgación del movimiento bipartidista para acabar con el derroche de gastos por encarcelamiento a favor de la reinversión de la comunidad al enmendar la sección de códigos que duplican o triplican la sentencia de delitos no violentos específicos por ofensas relacionadas con las drogas. Estatus: Para votación en el pleno de la Asamblea.
SB 190 – Finalización del pago de cuotas de menores de edad. Eliminaría costos administrativos gravosos para los jóvenes involucrados en el sistema de justicia de menores y sus familias. Estatus: Para revisión del Comité de Asignaciones de la Asamblea en una fecha aún por determinar.
SB 393 – Equidad de registro de arresto de California (CARE). El proyecto sella los registros de arrestos y elimina barreras de empleo de los detenidos pero que no fueron declarados culpables de un delito. Esta iniciativa patrocinada por el Fiscal del Distrito de San Francisco, George Gascón. Estatus: será sometida a revisión por el Comité Judicial de la Asamblea.
SB 394 – Jóvenes sentenciados sin la posibilidad de libertad condicional. Esta iniciativa hace que California cumpla con la decisión de Montgomery v. Luisiana de que los menores no pueden ser. Estatus: Será revisada por el Comité de Asignaciones de la Asamblea el 11 de julio.
“California ha tratado a los jóvenes acusados y condenados por crímenes como daños colaterales durante demasiado tiempo sin reconocer los costos reales de nuestro sistema de justicia defectuoso”, dijo el senador Lara, después de que el Senado aprobara la SB 39, una decisión que pondría fin a la sentencia de por vida sin posibilidad de libertad condicional para menores.
SB 395 – Derechos Miranda para la Juventud. Este proyecto de ley exigiría que los menores de 18 años consulten con un abogado antes de renunciar a sus derechos constitucionales en los interrogatorios con la policía. Estatus: Será sometida a votación en el pleno de la Asamblea.
