Buenos Aires.- Amnistía Internacional (AI) acusó hoy al Gobierno argentino de utilizar a los indígenas, los refugiados y los inmigrantes como “chivos expiatorios” para justificar políticas de seguridad y “mano dura”, como un decreto con el que buscan endurecer las leyes migratorias.
Durante un encuentro con la prensa en Buenos Aires para desglosar el informe anual que la organización presentó este martes en París, la directora ejecutiva de AI Argentina, Mariela Belsk, denunció la retórica del “nosotros contra ellos” iniciada por Donald Trump con su llegada a la Presidencia estadounidense y que, a su juicio, la replica su par en el país austral, Mauricio Macri.
“No es llamativo que a los dos días de las órdenes ejecutivas (sobre control fronterizo y vigilancia interna) del presidente Trump, Macri presente un decreto de necesidad y urgencia para modificar una ley migratoria que fue debatida durante 10 años y que es modelo a nivel internacional”, apuntó.
Belsk se refirió así al decreto firmado por el mandatario argentino a principios de febrero que endurece la ley migratoria del país con el fin de prohibir la entrada a personas con antecedentes penales y acelerar la expulsión de los extranjeros que comentan delitos en territorio argentino.
Para ella, la decisión forma parte de un discurso que utiliza a los migrantes, a los refugiados y a los indígenas como los “chivos expiatorios” para “justificar una política de seguridad y mano dura” que el Gobierno quiere llevar adelante “en un contexto preelectoral”, por los comicios legislativos de octubre.
Asimismo, Belsk criticó que la gestión de Macri haya vuelto a poner en la agenda temas de derechos humanos que ya fueron “zanjados” por la justicia, la sociedad y “la propia historia” argentina, en referencia a la polémica causada por algunos funcionarios alrededor de la cifra de desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983), que los organismos sitúan en 30.000.
A su juicio, estas discusiones se han provocado para “desviar la atención” en torno a los problemas de derechos humanos que afectan a las comunidades indígenas, los migrantes, las mujeres o los presos en el país.
“Nos preocupa también que se hablen dos idiomas diferentes: hay un mensaje en materia de derechos humanos a la comunidad internacional y un mensaje de derechos humanos a la comunidad local, que no dialogan entre sí”, criticó.
En ese sentido, apuntó que mientras Macri pide la liberación del opositor venezolano Leopoldo López, no actúa en el caso de la diputada del Parlasur Milagro Sala, que permanece en prisión preventiva desde enero de 2016 en la norteña provincia argentina de Jujuy.
Según Belsk, la detención de la activista, líder del movimiento Tupac Amaru, es “arbitraria” y viola los derechos constitucionales porque no existe peligro de fuga y no ha podido acceder a las garantías judiciales suficientes.
Por otro lado, hizo hincapié en que la agenda de género ha sido postergada por todos los Gobiernos del país y reclamó que se ponga en marcha la despenalización del aborto y se implemente de forma correcta en los casos en que sí es legal (cuando hay peligro para la salud y la vida de la mujer o el embarazo es producto de una violación), algo que, denunció, no ocurre.
Asimismo, hizo hincapié en que el Gobierno anunció el año pasado un plan de erradicación de la violencia de género que no se ha traducido en políticas reales.
“Los actos administrativos no se transmiten en conferencia de prensa, para que sean efectivos tienen que transmitirse por una ley”, señaló antes de apuntar que el fin de la violencia machista es el reclamo “más contundente” que tiene la sociedad en Argentina, donde, según cifras de organizaciones sociales, una mujer es asesinada cada 30 horas.
