ATLANTA.- Un grupo de jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños y a quienes se les ha otorgado un permiso temporal para permanecer en el país está solicitando a un juez que ordene al sistema universitario de Georgia permitirles pagar la colegiatura especial de los residentes del estado.
El sistema universitario exige a los estudiantes que solicitan la colegiatura estatal proporcionar una verificación de su “presencia legal” en Estados Unidos. La Junta de Regentes, la cual gobierna el sistema universitario, ha dicho que los alumnos que cuentan con un permiso temporal de estancia en el país bajo un programa de 2012 ordenado por el presidente Barack Obama —el cual suspende temporalmente su deportación— no cumplen ese requerimiento.
En un documento presentado el martes ante el Tribunal Superior del Condado Fulton, un abogado de los 10 jóvenes inmigrantes argumenta que el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que la gente que ha cumplido los requisitos para el programa de 2012 tiene “presencia legal”. Los jóvenes que presentaron la acción jurídica, quienes cumplen todos los otros requisitos, deben por lo tanto tener acceso a la colegiatura estatal, escribió el abogado Charles Kuck en el documento.
La Corte Suprema de Georgia rechazó en febrero una solicitud similar de algunos de los mismos jóvenes inmigrantes, bajo el argumento de que estaba exenta de hacerlo debido a que cuenta con inmunidad soberana, la cual protege al estado y agencias del estado de ser demandadas, a menos de que la Asamblea General deseche esa protección.
Para eludir ese obstáculo, el documento presentado el martes al tribunal nombra a cada individuo miembro de la Junta de Regentes en lugar de mencionar a la junta, que es considerada una agencia estatal.
“La justicia, el sentido común, y los propios intereses económicos de Georgia exigen colegiatura estatal para los beneficiados por el DACA”, afirmó Kuck en el documento, refiriéndose al nombre oficial del programa de 2012, conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. “Vamos a luchar por esto hasta que ganemos. La esperanza de los niños de Georgia está en juego”.
Charles Sutlive, vocero del sistema universitario, rechazó comentar sobre el litigio pendiente.
El Mexican American Legal Defense and Educational Fund (Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación) presentó el mes pasado una demanda federal separada en representación de dos estudiantes universitarios inmigrantes que se graduaron de una escuela secundaria de Georgia y viven en el estado, pero a quienes se les exigió pagar la colegiatura establecida para estudiantes provenientes de otros estados.
Esa demanda dice que la política es invalidada por la ley federal de inmigración y por lo tanto viola la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos. La querella agrega que la política viola además la garantía de protección igualitaria que está en la Constitución porque niega la colegiatura estatal sin una justificación constitucional válida.
