CIUDAD DE MEXICO (AP) — Un juzgado federal negó los amparos promovidos por los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán para evitar su extradición a Estados Unidos, informaron el jueves las autoridades mexicanas.
La negativa de la justicia para amparar al líder del cártel de Sinaloa no significa que será entregado a las autoridades estadounidenses de inmediato; sus abogados aún pueden apelar la sentencia ante un tribunal superior y el caso podría llegar hasta la Suprema Corte.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó en un comunicado que fue notificada del fallo y que se mantendrá atenta al avance del proceso de extradición que, según dijo el comisionado de Seguridad Nacional, Renato Sales, en una entrevista con Televisa la semana pasada, podría concluir a principios de 2017.
José Refugio, uno de los abogados de “El Chapo”, indicó a AP que todavía no han recibido información oficial sobre los amparos y que se presentará el próximo martes en los juzgados para darse por notificado. A partir de ahí disponen de diez días para presentar un recurso de revisión que sería visto por un tribunal colegiado y después prevén solicitar a la sala primera de la Suprema Corte que atraiga el caso, agregó.
Sin embargo, el gobierno mexicano ve improbable que el alto tribunal acepte pronunciarse sobre el tema porque no han prosperado recursos en este sentido con anterioridad, explicó a AP un funcionario federal involucrado en el proceso que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones.
Aunque todavía pueden faltar varios meses hasta la extradición, las autoridades ya planean el operativo de entrega para que cuando llegue la decisión del juez pueda hacerse de forma inmediata.
Según el funcionario antes mencionado, el traslado se haría desde la cárcel de máxima seguridad de Ciudad Juárez —en la frontera con El Paso, Texas— donde ahora se encuentra recluido, y en él intervendrían todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de México.
El líder del cártel de Sinaloa tiene seis procesos abiertos en cortes federales de Estados Unidos, pero sólo están en trámite dos órdenes de extradición: una de Texas, por los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas; y otra de California, por tráfico de cocaína. Los amparos contra esas dos órdenes son justamente los que fueron negados este jueves.
Una vez en manos de las autoridades estadounidenses, éstas serán quienes decidirán qué tribunal llevará el caso.
“El Chapo” fue detenido en enero de este año en Mazatlán, en su natal Sinaloa, casi seis meses después de que huyera de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en el centro del país. Tras el arresto volvió a ser recluido en la misma prisión, de la que escapó por un túnel que conectaba su ducha con una casa de seguridad.
Las autoridades dijeron entonces que se tomó esa decisión porque ése era el lugar más seguro y porque se habían solucionado los problemas de seguridad que permitieron su fuga y conllevaron la complicidad de funcionarios. Sin embargo, en mayo, el capo fue repentinamente transferido a una cárcel en Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Estados Unidos, en un movimiento que el gobierno dijo que tenía que ver con nuevas medidas para fortalecer la seguridad del Altiplano.
Sus abogados presentaron amparos en días pasados para exigir que Guzmán regrese al Altiplano y se quejaron del trato que recibe en prisión. Según los ellos, se trata de una forma de tortura porque dicen que no se le permite dormir, convivir con otros presos ni recibir suficientes visitas; sostienen que eso le causa ansiedad y ha elevado su presión arterial a niveles peligrosos.
El ejecutivo, sin embargo, alega que las medidas especiales de seguridad son necesarias y que Guzmán está bajo vigilancia especial debido a los dos escapes previos de prisión, el primero en 2001 y el segundo el del año pasado.
“No está en un hotel de cinco estrellas”, subrayó Sales este mes en la citada entrevista con Televisa.
