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JORGE LUIS MACÍAS/ESPECIAL PARA EXCÉLSIOR
Margarito Rojas, un veracruzano espera su orden de ostiones que le serviría Rami Shalabi, un árabe-mexicano que labora en la lonchera Primos Mariscos, que se estaciona regularmente en las calles Segunda y Grand, en Santa Ana.

Ordenanza contra camiones de comida podría acabar en la corte

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Especial para Excélsior

Abogado defensor de trabajadores está dispuesto a echar abajo los planes de la ciudad si no readaptan las restricciones

Juvenal Soriano no sabe quee será de su vida, ni la de su familia y los tres hijos menores de los seis que procreó, si la ciudad de Santa Ana decide implementar una restrictiva ordenanza para limitar las actividades de vendedores de comida en vehículos móviles.

“En mi ‘troca’ yo vendo legumbres, leche y huevo”, dijo Juvenal, de 57 años. “A eso me he dedicado por 22 años y cuando menos sale para darle comida a los chiquillos y pagar la renta”.

Juvenal y casi un centenar de vendedores están siendo representados por el abogado Federico Sayre, en su lucha para que las restricciones a su actividad sean menos onerosas.

“Ojalá la ciudad reduzca las restricciones”, dijo el abogado Sayre. “Si les niegan el derecho a trabajar, estoy disponible para entablar una demanda”.

Cuatro de las regulaciones más contenciosas se refieren a que ningún propietario u operador de un vehículo expendedor deberá permitir la venta a menos de 500 pies (150 metros) de una escuela, parque, centro comunitario o instalación de patio público.

La ordenanza no permitiría que un vehículo expendedor tenga actividad dentro de 100 pies de distancia (30 metros) de un cruce marcado o no marcado en una intersección.

También, ningún vehículo expendedor de alimentos deberá adjuntar o recibir energía eléctrica u otras utilidades de cualquier propiedad pública o privada mientras el vehículo esté ubicado en cualquier calle o callejón privado o público.

Estarían prohibidas también las ventas de un vehículo expendedor de alimentos que esté estacionado, detenido en cualquier calle pública, callejón o carretera donde el límite de velocidad establecido es de 35 millas por hora o más.

“En primer lugar, estoy más o menos de acuerdo que la ciudad tiene el derecho de tener leyes para la seguridad, que piensen que hay inseguridad tener las ‘trocas’ atrás de las escuelas, que los muchachos puedan cruzar una calle y que es un peligro”, manifestó el abogado Sayre. “Pero no hay evidencia de que ha habido problemas”.

El miércoles 5 de julio, los miembros del concilio determinaron aplazar por otros 60 días para decidir el destino final de la ordenanza.

De hecho, en 2007, el abogado Sayre ya derrotó a la ciudad de Santa Ana por querer implementar serias restricciones a los vendedores de comida que se apuestan en las calles, cuando se les exigía moverse de un lugar a otro después de 90 minutos de hallarse estacionados en un lugar

¿De dónde agarrarían luz?

“[El concejal Sal] Tinajero y yo queremos ver qué mejoramiento se puede dar a un lugar permanente”, dijo el concejal José Solorio a Excélsior. “Además, hay que analizar el acceso a electricidad, que tengan más lotes y que en un lugar se puedan estacionar varias trocas”.

Algunos miembros del concilio han expresado preocupaciones de seguridad con las ‘loncheras’, porque plantean “riesgos de tráfico y peligro para la seguridad y el bienestar de los niños y residentes”.

La ciudad de Santa Ana fue restringida desde 1994 cuando un juez decidió a favor de los demandantes, en el caso Vásquez contra la Ciudad de Santa Ana (Vásquez v. City of Santa Ana - Caso No. 05CC13450)

La intención de la ciudad con la pretendida ordenanza es proporcionar regulaciones y prohibiciones claras y concisas con respecto a los vehículos móviles de venta de alimentos en aras de la seguridad pública y prevenir peligros de tráfico, preservar la paz y salvaguardar el bienestar de la comunidad.

“La comunidad ha esperado por mucho tiempo sobre este tema”, dijo la concejal Michele Martínez. “¿Cuánto tiempo más tiene que esperar?”.

Juvenal Soriano dijo que en una “buena semana” de ventas en su ‘troca’ llega a obtener unos $400.00.

“Pero hay veces que las ventas bajan”, indicó. “Luego, no hallo como hacerle para pagar todos los ‘billes’.

Esas facturas son: $55 dólares del seguro del automóvil, los $250 por la bodega donde encierra la ‘troca’, los $1,350 de la renta de su vivienda.

“A veces no me queda ni siquiera para la comida del mes”, se quejó Juvenal. “Así, ¿cómo cree que puedo sacar a la familia adelante? Y más ahora, con esa ordenanza que nos quieren imponer”.


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