Los Ángeles – El secretario de estado de California, Alex Padilla, advirtió a los consultores de inmigración la importancia de mantener la confidencialidad de la información de sus clientes y recordó otras leyes que rigen su trabajo en el estado.
En conferencia de prensa realizada en Los Ángeles, el funcionario hispano advirtió que la Secretaría de Estado en coordinación con otros organismos estatales y locales, estarán “muy atentos” para evitar que se abuse de la comunidad indocumentada.
Así, aseguró que cualquier intento de estafa será combatido con los recursos legales y recordó que los consultores no pueden realizar las funciones correspondientes a profesionales del derecho y no están autorizados a ofrecer consejería legal.
“En la mayoría de los casos (los consultores de inmigración) ofrecen un muy buen servicio público”, dijo el funcionario.
“Pero sabemos que ha habido casos en el pasado de gente haciéndose pasar por notarios y consultores”, anotó.
Destacó que en este momento mucha gente indocumentada no solamente quiere averiguar sobre sus posibilidades de inmigración sino que “tiene miedo”, por eso recordó que hay una serie de requisitos para actuar como consultores.
Por ejemplo, un consultor no puede haber sido declarado culpable de un delito grave o de un delito menor descalificante como robo de auto, pornografía infantil o prácticas de negocios inadecuadas, entre otros muchos.
Igualmente, para ejercer funciones de asesoría inmigración no legales -como traducciones y asesorías para llenar formularios de inmigración- deben establecer una garantía de 100.000 dólares con la Secretaría de Estado, y someterse a una revisión de antecedentes entre otros requisitos.
Padilla aseguró que cualquier consultor que sea descubierto violando las leyes estatales al respecto será referido inmediatamente a la oficina de la fiscalía general.
El secretario estatal estuvo acompañado durante la conferencia de prensa por representantes de algunas de las principales organizaciones defensoras de los inmigrantes como el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), al igual que de funcionarios de la Fiscalía y del Departamento del Consumidor y Asuntos de Negocios del condado.
