Autoridades federales y contratistas dicen que los detenidos reciben un buen cuidado, sin embargo, los activistas que abogan por los derechos de los inmigrantes denuncian muertes, agresiones sexuales y quejas médicas
Decenas de inmigrantes que visten uniformes azules, anaranjados y rojos se sientan dentro de una área común esperando sus asignaciones de dónde serán hospedados.
Están en el área de nuevo ingreso del Centro de Detención de Adelanto, rodeado de paredes azules claras y luces brillantes semejantes a las un consultorio médico. Ahí es donde todos los detenidos varones comienzan y terminan su tiempo de reclusión en este centro carcelario.
Allí, los hombres son clasificados por su actividad delictiva pasada para determinar a cuál celda irán. Su historia médica también se revisa. Este proceso puede tomar de dos a 12 horas.
Los detenidos de alto riesgo usan vestimenta roja. Aquellos con antecedentes de delitos menores o sin antecedentes penales llevan el color azul. Los inmigrantes, que visten color naranja, caen en algún lugar en el medio. Los detenidos en rojo y azul se mantienen separados.
Muchos de estos inmigrantes pueden terminar en Adelanto después de buscar asilo en la frontera de San Diego y Tijuana o después de ser arrestados por agentes de Inmigración y Aduanas (ICE), en operativos en el sur de California.
Están allí solamente por faltas consideradas administrativas, por decisiones pendientes en sus casos de inmigración o mayormente mientras aguardan la deportación.
Esta instalación ha sido criticada por el número de detenidos que han muerto dentro del recinto y por las denuncias de agresiones sexuales y mala atención médica, entre otros.
Desde que la instalación abrió sus puertas en 2011, seis detenidos han muerto desde, dijo Virginia Kice, portavoz de ICE para la costa oeste.
Esto incluye a tres hombres que murieron entre marzo y mayo de este año.
El centro ocupa el tercer lugar en una lista de los cinco centros de detención con más quejas de agresión sexual y física -22 entre octubre de 2012 y marzo de 2016, según el grupo Iniciativas Comunitarias para Visitar a los Inmigrantes en Confinamiento o CIVIC, una organización sin fines de lucro encargada de monitorear el centro carcelario.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes han estado vigilando la instalación con una serie de protestas fuera del centro y visitando a los detenidos.
Esperan que una disposición en el nuevo presupuesto de California no sólo agregue más supervisión, sino que acabe con la industria de detención privada en el estado.
Acerca de la instalación
Con 409,000 pies cuadrados, el Centro de Detención de Adelanto es el más grande de su tipo en California, y tiene una población promedio diaria de 1,600 reclusos.
Los inmigrantes se quedan detenidos entre un par de meses a varios años. Más de 70 nacionalidades están representadas entre los inmigrantes actualmente detenidos allí. La mayoría son mexicanos, seguidos por inmigrantes de Haití y El Salvador.
La instalación privada, que solía ser una cárcel regular, comenzó a alojar a los inmigrantes detenidos en 2011 después de que un acuerdo entre la ICE y la ciudad de Adelanto entró en vigor. La ciudad contrató al Grupo GEO para operar y administrar el centro.
Christina Fialho, cofundadora y directora ejecutiva de CIVIC, dijo que los presuntos abusos en el centro ocurren a puertas cerradas. Ella sostiene que hay poca o ninguna supervisión. Su organización coordina visitas regulares al centro.
“El sistema de detención de inmigrantes se crea para aislar a las personas de sus familias y sus comunidades de apoyo”, dijo Fialho. “Los voluntarios visitantes rompen este aislamiento y actúan como los ojos y oídos de este sistema impulsado por los beneficios [económicos]”.
Sin embargo, funcionarios de ICE y The GEO Group, insisten en que tienen un historial impecable.
Aseguran que los detenidos reciben exámenes físicos completos dentro de los 14 días de su llegada y pueden tener acceso a los servicios dentales, servicios de salud mental y médicas, asegura Thomas P. Giles, subdirector de campo para la oficina del ICE en Los Ángeles.
El detenido se queja
Carlos Hidalgo, de 49 años, es un ex detenido de Adelanto, quien no concuerda con la opinión de las autoridades.
“Yo estuve allí. Puedo descubrir todas las atrocidades “, dijo Hidalgo, quien ahora vive en North Hollywood.
Según Hidalgo las llamadas telefónicas y los servicios de comisaría eran caros y la atención médica no fue la más rápida.
“Si tienes dolores de cabeza, pasan dos días y tienes suerte si tienes una aspirina”, dijo Hidalgo, que estuvo en Adelanto durante unos 10 meses.
Asegura que se dobló el tobillo mientras estuvo en Adelanto y que un médico le dijo que el GEO Group no pagaría $ 1,000 por una resonancia magnética. Las pastillas Tylenol que le dieron no fueron suficientes para aliviar el dolor, asegura.
Hidalgo dijo que terminó en Adelanto después de ser arrestado por cobrar un cheque de alguien que le debía dinero. Fue liberado cuando presentó una fianza de $ 10,000. Ahora, maneja una cadena de restaurantes y aboga por un mejor cuidado de los inmigrantes detenidos.
Fin de la detención privada
En junio, el Senador Estatal Ricardo Lara y el Procurador General Xavier Becerra dijeron que el Departamento de Justicia de California evaluará las condiciones de confinamiento en las instalaciones privadas, de la ciudad y del condado en el estado.
Además la disposición del presupuesto estatal limita las camas nuevas para la detención de inmigrantes, dando un golpe bajo a los esfuerzos de la administración para incrementar la deportación. La disposición impide que los gobiernos locales firmen o amplíen contratos con autoridades federales.
Aunque la disposición no pone fin a la detención de inmigrantes en todo el país, es un paso en la dirección correcta, dijo Fiahlo.
También espera que la Ley de Detención no de Dignidad, que fue vetada por el Gobernador Jerry Brown en 2016, se convierta en ley esta vez.
Lara reintrodujo la legislación en respuesta a la llamada del presidente Donald Trump a redoblar las tareas de deportación. El proyecto de ley, conocido como SB 29, obligaría a los gobiernos locales ha mantenerse alejado del negocio de la detención de inmigrantes en California.
La legislación la aprobó el Senado en mayo. Ha sido remitido a la Comisión de Asignaciones de la Asamblea.
“La industria privada de detención de inmigración puede estar tratando de expandirse bajo la administración de Trump, pero los días de la industria están contados en California”, dijo Fialho.
